¿Puede una organización de la sociedad civil criticar a una empresa del IBEX-35 por la brecha salarial existente entre sus directivos y sus trabajadores? ¿O denunciar a una empresa por prácticas extractivistas que dañan el entorno medioambiental en terceros países? Sin el respaldo de unas políticas y unos procedimientos que reflejen en sus propias prácticas el respeto a los derechos humanos y laborales, así como una apuesta clara por la preservación del medioambiente, seguramente no. Perdería ayudas y subvenciones públicas, que cada vez más están ligadas a prácticas respetuosas con las personas y el entorno; vería peligrar su credibilidad ante los medios de comunicación y perdería la confianza de la ciudadanía y con ello el apoyo social necesario para impulsar sus campañas o recaudar fondos.
Así pues, para las organizaciones sociales, la responsabilidad social no es una obligación legal ni un simple complemento de su actividad: forma parte de su identidad, de su misión y de su forma de entender el mundo. Ello supone que su compromiso no se expresa solo en el discurso, sino en la manera concreta en que organizan su funcionamiento interno, toman decisiones y se relacionan con su entorno.
Esta es la razón por la que no se limitan a cumplir con la legalidad, sino que aspiran a ir más allá, integrando prácticas laborales que facilitan la conciliación, promoviendo una inclusión real y efectiva de la diversidad en todas sus expresiones y desarrollando estrategias y planes concretos que permitan una reducción progresiva y efectiva de los gases de efecto invernadero.
Y, el colectivo más crítico y exigente a la hora de hacer cumplir todas estas prácticas es el equipo interno. Ello está vinculado al tipo de perfiles y al talento que las organizaciones buscan a la hora de integrar sus equipos. En sus procesos de selección, estas organizaciones apuestan por personas comprometidas con la justicia social, críticas frente a las prácticas abusivas, empáticas y con experiencia en actividades altruistas o de voluntariado. Esto provoca que quienes integran estas entidades sean también los primeros en reclamar coherencia, integridad y una aplicación tangible y cotidiana de los valores que la organización defiende públicamente.
Ante el equipo, no basta con repetir los valores y principios que deben guiar la organización: es necesario demostrarlos cada día en la gestión interna, en la relación con las personas y en el impacto social y ambiental que se genera.
Por ello, en las organizaciones sociales la responsabilidad no puede entenderse como un añadido, sino como una expresión directa de su razón de ser. Su legitimidad depende de esa coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que exigen a otros y lo que se exigen a sí mismas. Solo así pueden mantener su autoridad moral, asegurarse la confianza de la sociedad y conservar la fuerza transformadora de su labor.
